El Consejo de Europa exige a España subir la indemnización por despido improcedente por encima de los 33 días: qué implica para trabajadores y empresas
El organismo europeo pide un aumento de las compensaciones por cese para que los trabajadores puedan ver reparados efectivamente sus daños, en una petición reiterada que España sigue ignorando
<h2>Una petición reiterada que España sigue sin atender</h2>
<p>El <strong>Consejo de Europa</strong> ha vuelto a pedir a España, una vez más, que eleve la indemnización por despido improcedente por encima del techo actual de <strong>33 días por año trabajado</strong> con un máximo de 24 mensualidades. El organismo europeo —distinto de la Unión Europea, con sede en Estrasburgo y competencias en derechos humanos— considera que el sistema español de compensación por despido no permite a los trabajadores ver reparados de forma efectiva los daños causados por un cese injustificado.</p>
<p>No es la primera vez que el Consejo de Europa formula esta petición. España ha recibido recomendaciones similares en años anteriores, y la respuesta del Gobierno ha sido consistente: reconocer la recomendación, señalar el marco de diálogo social con sindicatos y patronal, y no implementar cambios. El presidente de la CEOE, <strong>Antonio Garamendi</strong>, ha alejado en estas fechas cualquier posibilidad de acuerdo en materia salarial y laboral, citando la <em>inseguridad jurídica</em> generada por las políticas del Ministerio de Trabajo como principal obstáculo.</p>
<h2>El sistema español en el contexto europeo</h2>
<p>La indemnización española de 33 días por año trabajado se sitúa en la parte baja del rango europeo. Países como Austria, Bélgica o Portugal contemplan indemnizaciones superiores o sistemas de cuentas individuales de capitalización que garantizan compensaciones más amplias. El Consejo de Europa no fija un número concreto para España, pero señala que el máximo de 24 mensualidades del sistema actual resulta insuficiente para reparar los daños en casos de despidos de trabajadores con muchos años de antigüedad o en sectores con alta dificultad de reempleo.</p>
<p>La reforma implicaría un aumento del coste del despido para las empresas españolas, con potencial impacto sobre la decisión de contratar en modalidades indefinidas frente a temporales. Ese es el argumento central de la patronal para oponerse a cualquier modificación: en un mercado laboral que ha reducido la tasa de temporalidad significativamente tras la reforma de 2022, elevar el coste del despido podría revertir parte de ese progreso.</p>
<h2>Qué pueden esperar los trabajadores</h2>
<p>En el corto y medio plazo, los trabajadores españoles no deberían esperar cambios en la indemnización por despido improcedente. El diálogo social en España está bloqueado en múltiples frentes, y la reforma del mercado laboral en esa dirección específica no figura entre las prioridades declaradas del Gobierno actual. La recomendación del Consejo de Europa añade presión política, pero no tiene carácter vinculante ni plazos de cumplimiento obligatorios.</p>