La vivienda en España toca los 2.355 euros por metro cuadrado, por encima de los niveles de la burbuja de 2008, mientras el Gobierno negocia esta semana un nuevo decreto de alquiler
El precio medio sube un 12,5% en un año y coincide con protestas como la acampada de Sol, mientras el catedrático Sergio Nasarre advierte de que cada nueva intervención reduce la oferta de alquiler y expulsa a los pequeños propietarios del mercado.
Un precio que ya supera a la burbuja inmobiliaria de 2008
El precio de la vivienda en España alcanzó los 2.355 euros por metro cuadrado en septiembre de 2026, un 12,5% más que un año antes, situándose ya por encima de los niveles que dispararon la burbuja inmobiliaria de 2008. El contexto social se ha vuelto igualmente tenso: el mercado roza cifras de burbuja en plena ola de descontento que ya se ha traducido en movilizaciones como la acampada de Sol, en Madrid, contra el decreto de vivienda que el Gobierno negocia precisamente esta misma semana.
El catedrático Sergio Nasarre ha comparado la evolución reciente de la propiedad inmobiliaria en España con la de otros recursos históricamente sometidos a una fuerte intervención pública, como el suelo urbano o las concesiones mineras, advirtiendo de que "cada intervención en el mercado inmobiliario es menos oferta de alquiler, menos acceso a la propiedad y precios más altos".
La fuga silenciosa de los pequeños propietarios
El efecto más citado por Nasarre es la salida de propietarios del mercado de alquiler tradicional hacia la venta. El porcentaje de propietarios que deciden vender sus inmuebles, antes destinados al alquiler de larga duración o al uso turístico, se ha duplicado en solo dos años: del 1,8% en 2024 al 3,1% en 2026. Se trata, según el experto, de un movimiento silencioso pero de enorme impacto, ya que el 98% del parque de alquiler en España está en manos de pequeños propietarios particulares, y no de grandes fondos de inversión ni de socimis, como suele sugerir buena parte del discurso público sobre el problema de la vivienda.
Un otoño decisivo para la política de vivienda
El nuevo texto normativo que el Gobierno pretende aprobar este septiembre representa la segunda fase de la intervención iniciada en primavera con el Real Decreto-ley 8/2026, con el que el Ejecutivo trató de calmar un mercado de alquileres descontrolado mediante la congelación momentánea de las rentas al renovarse los contratos. La nueva propuesta combina el alargamiento extraordinario de los contratos de alquiler vigentes y una restricción más intensa de los topes para la actualización anual de las rentas. Fuentes del departamento responsable defienden que no existe alternativa a la intervención, dado que la oferta de vivienda sigue siendo insuficiente en la mayoría de las grandes ciudades, aunque el propio Ejecutivo reconoce el riesgo de que, si el decreto empuja a más propietarios a sacar sus viviendas del mercado de alquiler, el efecto final pueda ser el contrario al pretendido.
